Son muchas las
lecciones que estamos teniendo como seres humanos ante la Pandemia del Sars-Cov2
(Covid-19) en todo el mundo. No creo que haya dimensión humana que no esté
siendo impactada por esta enfermedad. Es tiempo de repensar y reflexionar la
aldea global en términos de corresponsabilidad.
Una de las
reflexiones que viene a cuento y a cuenta en este tiempo de cuarentena es la
alimentación y su definitiva influencia en nuestra salud.
Desde que comenzaron
los reportes de los primeros enfermos por Covid-19, el Subsecretario de Salud
Lópe-Gatell y el Director General de Epidemiología Alomía, han reportado que
las personas con comorbilidades de Hipertensión, Diabetes y Obesidad (en ese
orden), sin importar la edad, son las que están en más riesgo.
En México no debemos
asombrarnos que más del 80% de la población padezca sobrepeso y obesidad. Las
empresas de productos manufacturados con harinas y las que elaboran refrescos
azucarados podrían decirnos las millonarias ganancias que han obtenido en los
últimos 30 años. Tiempo en el que su expansión fue expresada en revistas y
periódicos como anécdotas pintorescas: “no hay pueblo tan remoto en el que no
lleguen la Coca-Cola y las Sabritas, o la Pepsi y el pan Bimbo, o el Jumex y
las galletas Gamesa”.
Su expansión empresarial
iba de la mano de compañías televisoras y anuncios publicitarios de toda índole
para promover sus productos con su oferta de valor. ¿Quién se va a negar –en
una pequeña comunidad- a comprar una Coca, una Pepsi o un Jumex si obtener agua
que sea bebible se necesitan horas para acarrearla y hervirla con la poca leña
de la zona? ¡Quién tiene el tiempo para cortar fruta o verdura en las ciudades
con largos trayectos si es más fácil en un segundo abrir una bolsa esterilizada
de frituras?
La agilidad para que
todas las poblaciones tengan caminos, agua potable, electricidad e internet de
calidad ha sido mucho más lenta que la tortuga de la fábula de Esopo. La
corrupción y la impunidad han sido más rápidas que incluso la liebre del
cuento.
Por eso el Covid-19
no sólo ha dejado ver lo desmantelado que está nuestro sistema de salud, al que
todos los gobiernos, incluido el actual, se dedicaron a desvalijar para
dejarnos en ominosa incertidumbre de si viviremos lo mismo que Nueva York, el
norte de Italia y el centro de España con su estela de muertes trágicas.
El Covid-19 muestra
con toda su velocidad que la población mexicana ha estado desprovista de un
Estado que le enseñe a nutrirse de manera adecuada, y a su vez demandarle a ese
Estado hacerse responsable de exigir a los productores comerciales de alimentos
un principio de la bioética, acorde a lo que la sociedad necesita: no hacer
daño.
Pero la reflexión aún
más profunda que debemos hacernos es si tendremos el talante para regresar a
una actividad que tenía la población mexicana hace también 30 o 35 años:
producir alimento en sus patios, balcones y parcelas.
Precisamente la
expansión de las empresas manufactureras de alimentos y bebidas procesadas, las
que nos tienen en la obesidad, hipertensión y diabetes, inició cuando la población
sustituyó comer frutas del árbol de su casa por las papitas como snacks, cuando
en lugar de hacer sus propias salsas con el chile y el tomate que podía sembrar
en sus macetas, la sustituyó por la compra de las salsas en latas, botellas y
bolsas plásticas. Me van a decir “no hay tiempo para eso”.
Y les quiero decir
que sí estamos a tiempo para eso. Como dicen los estudiosos del medio ambiente
y ciencias ecológicas, en México tenemos seguridad alimentaria, porque todavía
podemos importar productos del extranjero, el maíz por ejemplo, pero no tenemos
la soberanía de nuestra alimentación, no sólo porque como sociedad hemos dado
el poder a la publicidad y a las compañías productoras de alimentos procesados
la capacidad para que elijan cómo y la calidad de los nutrientes de la comida
que ingerimos, sino también porque ya no producimos el mínimo de alimento ni
tenemos la capacidad de notar cuándo una verdura o una fruta fue producida en
nuestra región o viene de China.
Entonces, como
ciudadanos, a la par de exigirle al actual gobierno un sistema de salud universal,
tiene que haber la exigencia y la corresponsabilidad de la soberanía
alimentaria. Esto inicia sustituyendo de nuestro presupuesto la compra de una
bolsa de papas por una bolsita de semillas de chile, tomate y cebolla para
sembrar en nuestra azotea, pasillo o balcón; comprar frutas y verduras de
nuestra región a los productores locales, y educarnos en los alimentos que nos
nutren para solicitarles a las grandes productoras de alimentos y bebidas
productos acordes a los principios de la bioética: autonomía, no-maleficencia, beneficencia
y justicia.
Estos cuatro
principios bioéticos que están referidos primordialmente a la salud clínica son
aplicables a nuestra soberanía alimentaria y deben exigirse a todas las
entidades que tienen relación con la alimentación: gobierno, empresas y
productores.
¿Cómo se traducirían
los cuatro principios de salud clínica a la nutrición y por lo tanto a la
soberanía alimentaria?
Autonomía: que
respeten nuestro derecho a elegir entre un producto que me va a enfermar y otro
que me va a nutrir. Para poder elegir es necesario conocer la verdad y tener la
información sobre los productos que me están vendiendo o que están autorizando
para su venta. Los precios de los productos también entran en juego, porque si
un vaso de agua vale 10 pesos y una bebida azucarada vale 5 pesos, la autonomía
queda en riesgo.
No-Maleficencia: los
productos no deben hacer daño, ni de manera colateral, ni a mediano ni a largo
plazo. No debe existir reglas de comercio que saquen los productos nutritivos
por otros menos nutritivos porque incapacita la elección verdadera; en este
sentido, el ejercicio de la oferta y la demanda debe ser arbitrada.
Beneficencia: está
orientada a promover lo que es bueno para el ser humano, previene daños y elimina
todo peligro. Todo alimento sembrado, cosechado y procesado debe moverse
siempre con la intención de potenciar lo que es bueno en el ser humano, en los
animales, en las plantas y en los minerales. Su preservación, conservación y
potenciación entran en este principio. Toda política pública y política
empresarial debe entrar en esta lógica. El bien como un derecho humano
universal.
Justicia: es el
espíritu del derecho el que debe respaldar una alimentación sana y una
producción alimentaría que sea saludable, equitativa, distributiva y de amplia
oportunidad para todos y todas. El agua potable para todos y el hambre cero es
lo que guía este principio, la enseñanza para que todos aprendan a volver a
cultivar, además de consumir, es parte del reto integral de este principio.
Ya lo decía Jeffery
Sachs, economista, a quien tuve la oportunidad de escuchar cuando rendía su
informe preliminar en el 2005 a los delegados de todas las naciones en la ONU,
“iniciamos el milenio donde tenemos toda la ciencia, toda la técnica y todos
los recursos humanos para erradicar la pobreza y lograr los Objetivos del
Milenio, lo que hace falta es la voluntad política tanto de los gobernantes
como de las empresas y de muchos ciudadanos”. Parafraseando al eminente
economista y aplicándolo a México, tenemos toda la ciencia, la técnica y la
sabiduría humana para erradicar la obesidad, la diabetes y la hipertensión sólo
nos falta la voluntad política y ciudadana.
El Covid-19 nos pone
frente a nuestra responsabilidad política ciudadana de hacernos corresponsables
de nuestra alimentación, de nuestra salud y de nuestra soberanía alimentaria.


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